El pasado 28 de junio, Emilio Rousaud concedía una entrevista a CincoDías para hablar sin tabúes de un tema que tiene preocupadas a las pequeñas comercializadoras independientes; las comercializadoras pirata.
La asociación ACIE, de la que Emilio Rousaud es el presidente, lucha por acabar con el fraude que algunas comercializadoras llevan a cabo enturbiando la imagen del sector eléctrico. El problema es que no se puede competir con el precio que ellas ofertan ya que no pagan la energía que suministran, o al menos no en su totalidad.
Industria aprobó un cambio procedimental de Red Eléctrica para acabar con las llamadas comercializadoras pirata. Ante ello, dice Rousaud – habría que exigir más garantías a las empresas que se dedican a esta actividad– ya que – en los inicios de la liberalización se exigía un capital mínimo de 750.000 euros y avales de 600.000 euros en Omel, mientras que ahora basta con 3.000 euros y una comunicación. La energía que venden las piratas, que no pagan, o los peajes que dejan a deber lo asumen los generadores – concluye Emilio.
Se trata, apunta, de un cambio regulatorio que aunque ayudará, no resuelve el problema de raíz; ante la piratería, la mejor baza es la prevención; aunque si bien es cierto que acortar los plazos es algo muy positivo, la demora contribuye a un fraude continuado y a un mayor margen de reacción, afirmaba Rousaud.
Se están elaborando –aseguraba – propuestas para identificar a los autores del fraude para evitar que cualquiera se convierta en comercializadora con una simple comunicación. Y es que, tal y como comparaba, “si fuéramos un banco, no deberíamos poder funcionar solo con un escrito del Banco de España, sino con una ficha que acreditara nuestra solvencia”.
La piratería, decía, ha afectado a la imagen del sector energético. Aunque son pocos los clientes que a día de hoy preguntan si “somos como esas empresas que han cerrado”, el problema más grave es que no podemos competir con el precio de estas, que pueden hacer más descuentos porque no pagan el producto que suministran.
Según Industria, algunas de las medidas propuestas van contra de la competencia y frenan el mercado – increpaba el entrevistador. “También se alega – respondía el Director General de Factorenergia – la defensa del consumidor, cuando este sin saberlo está siendo cómplice de un fraude […]. Como mínimo, los clientes de estas comercializadoras deberían ser advertidos”.
Accede a la entrevista completa.
